El CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE HONDURASPRESENTA:“LAS ACCIONES RADICALES DEL PLAN DE SOLUCION CONTRA ELCRIMEN“.

1. La Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, la Secretaría de
   Estado en el Despacho de Defensa, Fuerzas Armadas y Policía Militar del
   orden público PMOP, de forma inmediata deben planificar y ejecutar
   intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país
   identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico,
   extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos
   relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y
   bandas del crimen organizado.
2. En virtud de esta situación de Emergencia declarada en materia de Seguridad,
   se ordena construir de inmediato un Centro de Reclusión de Emergencia
   (CRE) con capacidad para 20 mil privados de libertad en la zona despoblada
   entre los Departamentos de Olancho y Gracias a Dios, acondicionando los
   espacios físicos necesarios propiedad del Estado de Honduras con el mismo
   fin. Los privados de libertad actualmente confinados en el sistema
   penitenciario nacional, procesados por los crímenes anteriormente señalados
   en esta resolución serán trasladados de inmediato a este centro de reclusión
   de emergencia (CRE).
3. Se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes
   y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y
   extraditables (se acompaña el listado). Así mismo, establecer el control y
   recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales
   en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal.
4. Intensificar la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación,
   aseguramiento, destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y
   centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.
5. ISLAS DEL CISNE. Contando con la respectiva Licencia de Impacto
   Ambiental la Junta Interventora del Sistema Penitenciario Nacional deberá
   iniciar en un plazo máximo de dos semanas el proceso de licitación,
   adjudicación y construcción de este Centro de Reclusión Penitenciario.

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6. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal, para que las personas
   que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que
   cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de
   armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos,
   sean calificadas como terroristas.
7. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Procesal Penal para que la
   medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de
   juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar medida de
   juzgamiento colectivo para estos crímenes.
8. El Congreso Nacional someterá a aprobación en su tercer debate la Ley para
   el control de la venta de tarjetas SIM CARD, CHIP O ESIM y el bloqueo de
   las comunicaciones en los centros penitenciarios y la Ley de Colaboración
   Eficaz. Las empresas autorizadas que comercializan con esta tecnología en
   caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma
   legal.
9. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para endurecer las
   penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los
   operadores del Sistema de Seguridad y Justicia: Policías y Militares, Jueces y
   Fiscales.
   10.Reformar el Acuerdo No .01-2016. del Directorio del Banco Central de
   Honduras, Reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando
   Dinero Electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias
   del delito de extorsión y secuestro, que utilizan billeteras electrónicas.
10. La Corte Suprema de Justicia deberá establecer los mecanismos necesarios
    para autorizar el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la
    custodia de procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de
    justicia del país, que puedan sustituir los altos costos de vigilancia permanente
    por parte de efectivos Policiales o Militares, en el caso de adultos mayores,
    personas con enfermedades terminales o viviendo con alguna discapacidad.
    Este beneficio no cubre las personas procesadas por los delitos a los que se
    refiere esta resolución.
    12.La Corte Suprema de Justicia se compromete para el día lunes 17 de junio
    2024 designar el número de Jueces y demás personal que soliciten la Policía
    Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las

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operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de
estos crímenes.

13. La Fiscalía General del Estado se compromete para el día lunes 17 de junio
    2024 designar el número de Fiscales y demás personal que soliciten la Policía
    Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las
    operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de
    estos crímenes.
14. La Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Publica será la
    responsable de coordinar en colaboración con la Secretaría de Estado en el
    Despacho de Defensa, las Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden
    Público la ejecución del presente Plan de Soluciones Radicales Contra el
    Crimen.